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El avance de Visec Carne expone que el verdadero desafío ganadero no es la deforestación, sino la armonización normativa interna y la integración de toda la cadena.

A menos de dos meses de que entre en vigor el Reglamento 1115 de la Unión Europea, la ganadería argentina atraviesa una carrera contrarreloj para demostrar en el plano digital lo que sus rodeos sostienen históricamente en el territorio. El salto de 14.000 a 42.600 productores registrados en la plataforma Visec Carne tras la feria SIAL, sumado al análisis de 2,8 millones de caravanas con un 80% de validez, confirma la capacidad de reacción del sector y despeja, en principio, el fantasma del desabastecimiento frente a los 3 millones de cabezas que anualmente se faenan con destino al bloque comunitario. Sin embargo, detrás de esa respuesta masiva emerge una paradoja institucional: el principal escollo para acceder a los mercados más exigentes del mundo no radica en el desmonte reciente, sino en las asimetrías de la propia legislación ambiental argentina.

Los datos técnicos aportados por el investigador del Conicet y asesor del Consorcio ABC, Gerardo Leotta, desarman varios prejuicios que pesaban sobre la actividad pecuaria. Apenas el 4,5% de los RENSPA ganaderos del país presenta observaciones vinculadas a la deforestación posterior a 2020, una cifra marginal que en muchos casos responde a obras de infraestructura indispensables para el manejo del establecimiento. El nudo gordiano aparece en la superposición con la Ley de Bosques Nativos y los ordenamientos territoriales provinciales —con foco crítico en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos—, donde campos que no han desmontado en los últimos años quedan invalidados por ubicarse en denominadas zonas rojas. A esta tensión normativa se suma el factor temporal: quienes no completaron su carga geoespacial hasta julio deberán aguardar a la nueva ventana de análisis de polígonos en 2027 para acreditar su condición, transformando la burocracia cartográfica en un filtro comercial inmediato.

En este nuevo tablero, la trazabilidad deja de ser un atributo exclusivo del novillo terminado para convertirse en una responsabilidad solidaria que abarca desde el nacimiento del ternero hasta la soja utilizada en su alimentación, auditada mediante declaraciones juradas. Al funcionar como un sistema de recopilación de datos del Senasa y geolocalización —evitando los costos prohibitivos de una certificación privada—, Visec introduce una inevitable segmentación de precios en las pistas de remate. Resulta lógico para la dinámica exportadora que un animal apto para la cuota europea cotice por encima de aquel que carece de respaldo documental, lo que otorga a los consignatarios de hacienda un rol estratégico como articuladores y capacitadores entre el criador, el invernador y la industria frigorífica.

La transición hacia una ganadería georreferenciada interpela la esencia misma del oficio rural en Argentina. El productor ya no solo debe cuidar la genética, la sanidad y el pasto; ahora también está llamado a defender la soberanía narrativa de su sistema productivo mediante datos verificables. Si las autoridades provinciales y los distintos eslabones de la cadena logran destrabar las incongruencias normativas y completar la trazabilidad en origen, la exigencia europea dejará de percibirse como una barrera para consolidarse como el pasaporte definitivo de la carne argentina hacia los destinos de mayor valor global.

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